Especiales
Caracas, 29 Sep.
Construcción de una frontera sana siempre ha sido prioridad para Venezuela
por Nazareth Balbás
Foto: Natacha Guevara/Vicepresidencia
Caracas, 29 Sep.
El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, aquel 10 de agosto de 2010, estuvo signado por una declaración conjunta que comprometía a ambos gobiernos a trabajar en función de cinco áreas: comercio, proyectos sociales en la frontera, desarrollo de infraestructura en el área limítrofe, energía y seguridad.
La agenda, cinco años más tarde, es la misma. La costura de 2.119 kilómetros que une a ambos países, por su carácter dinámico y permeable, requiere el trabajo constante entre los gobiernos. En el caso de Venezuela, esa atención ha implicado -más allá del ámbito económico, comercial y de seguridad- la aplicación de programas de impacto social para las poblaciones que habitan en las zonas limítrofes. Pero el esfuerzo ha sido desequilibrado.
Recientemente, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reconoció que las poblaciones fronterizas del lado colombiano debían superar su dependencia de Venezuela, mientras el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que "ha habido una ausencia del gobierno colombiano en InfraestructConstrucción de una frontera sana siempre ha sido prioridad para Venezuelaura", lo que aumenta la desconexión de las poblaciones limítrofes con el resto del país.
"Hay que tomar esas medidas que necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela", dijo la canciller colombiana desde Arauca.
El bajo costo en Venezuela de los productos de la cesta básica, que el Estado subsidia para garantizar el derecho a la alimentación de sus habitantes, así como el combustible más barato de la región, constituyen importantes inversiones que son aprovechadas por los habilitantes del lado colombiano. Sin embargo, la existencia de mafias del contrabando y el narcotráfico han pervertido ese beneficio y ha abierto una herida a la economía del país, denunciada durante años,y cuyo impacto se ha acentuado en medio del deprimido mercado petróleo.
El aumento de la violencia, así como el incremento de actividades ilícitas que sabotean la asediada economía venezolana del lado colombiano, obligaron al gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 19 de agosto, a restringir los pasos fronterizos hasta acordar un plan conjunto con Colombia que restablezca la normalidad en la zona limítrofe. Pese a las tensiones diplomáticas que generó la medida soberana, Caracas y Bogotá han retomado las conversaciones para encarar una problemática común que sólo puede ser afrontada de manera bilateral.
Agenda permanente
En 2010, tres días después de haber asumido su primer mandato, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para restablecer las relaciones tras la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la figura de Néstor Kirchner.
Maduro, quien ejercía entonces como canciller, fue testigo de primera línea de los acuerdos pactados en Santa Marta para el relanzamiento de las relaciones, enfocados en profundizar la seguridad fronteriza, suministrar combustible desde Venezuela hasta Colombia, fijar un convenio comercial que sustituyera al de la Comunidad Antina de Naciones (CAN) y construir un puente transfronterizo que comunicara a Táchira con el Norte de Santander.
En esa oportunidad, Caracas se comprometió a incrementar el envío de combustible a las plantas Fertipetrol y Terpel de Cúcuta, a un ritmo de más de 12 millones de litros mensuales para "disminuir el consumo de transportistas y usuarios colombianos en las estaciones de servicio del fronterizo estado Táchira", rezaba un comunicado oficial de Petróleos de Venezuela.
A ese suministro, se sumaba el expendido en las cinco estaciones del Servicio de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible (Safec), conocidas como bombas internacionales, situadas en los municipios Panamericano, García de Hevia y Ayacucho, del estado Táchira, instaladas para combatir el contrabando ilegal.
La medida, además, preveía la creación de nuevos esquemas de exportación de combustible hacia los departamentos colombianos de Guajira, Guainía, Vichada y Arauca. En paralelo, un ambicioso proyecto energético centró la atención de ambos gobiernos: el oleoducto que conectaría la Faja Petrolífera del Orinico con el norte colombiano.
Seguridad
Las mesas de trabajo para ampliar la cooperación en materia de seguridad fronteriza se hicieron frecuentes. En 2012, los países acordaron la aplicación de un sistema de información binacional para detectar cultivos ilícitos en la frontera y frenar el tráfico de estupefacientes.
A finales de ese mismo año y para complementar las acciones, en los estados Táchira y Zulia, Venezuela emprendió una estrategia especial de seguridad con el objetivo de atacar el contrabando de armas, combustible, alimentos, vehículos y narcóticos, así como un plan de desarrollo para los pueblos originarios asentados en las zonas limítrofes.
En 2013, en el estado de Apure, se instaló una aduana principal para permitir la realización de trámites de importación, exportación y nacionalización de bienes, además de una taquilla única de permisos y una agencia de la banca pública.
El objetivo, declaraba el entonces canciller venezolano Elías Jaua, era: "Que los pueblos en la frontera sientan que este esfuerzo de cooperación, de relanzamiento, de estabilización, de profundización de las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, son realidades que ellos puedan palpar en beneficio de su calidad de vida".
En Apure, Jaua y Holguín conformaron una comisión para abordar los incidentes fronterizos y combatir la minería legal, así como para profundizar, diseñar y ejecutar el plan contra las mafias del contrabando y atender el tema cambiario.
Comercio legal
En agosto de 2013 fue juramentado al Estado Mayor Fronterizo, en el estado Zulia, para garantizar el desarrollo económico y social de las zonas fronterizas y construir, en palabras del presidente Nicolás Maduro, "una región fronteriza de estabilidad, donde le pueblo tenga derecho a la paz y la prosperidad".
Maduro instruyó activar un equipo "para tomar decisiones definitivas, sobre la regularización del comercio por vías lícitas", una forma de erradicar el contrabando en la frontera colombo-venezolana, ante el impacto económico negativo de esas actividades.
Otra de las acciones emprendidas por el gobierno de Venezuela fue la creación de jurisdicciones penales fronterizas para combatir delitos como el sicariato, el narcotráfico, el contrabando y el secuestro, en las fronteras del país, con el acompañamiento del Ministerio Público en Zulia y Táchira.
En octubre de 2013, un grupo de manifestantes se apostó en las inmediaciones de la residencia del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en rechazo a las medidas aplicadas por el Estado Mayor Fronterizo para detener el contrabando de extracción de alimentos hacia Colombia.
Los manifestantes pedían que se les permitiera seguir con el contrabando de alimentos, que compraban a precios subsidiados en Venezuela y revendían en Colombia. A esa actividad le llaman "bachaqueo".
Esa situación, que se repetía en otras entidades fronterizas, se intensificó a tal punto en los años siguientes fue tema obligado en la mesa de trabajo que, en entre enero y febrero de 2014, reunió en Cúcuta y luego en Maracaibo a los cancilleres de Colombia y Venezuela.
Para entonces, ese delito desviaba a territorio neogranadino 30% de los alimentos y productos de primera necesidad destinados a la población venezolana. El Gobierno colombiano se comprometió a incautar los bienes que se habían extraído pero a la fecha no ha repatriado ninguna mercancía.
Finanzas
Los encuentros a inicios del año pasado dejaron en evidencia una realidad aún más compleja: los flujos de capitales que genera el contrabando. Por esa razón, Caracas pidió a Bogotá aumentar el intercambio de información financiera para combatir la legitimación de capitales.
Aunado a esa petición, Venezuela pidió que el envío de remesas en dólares a Colombia se hiciera en pesos, medida que pretendía paliar la espiral especulativa en contra del bolívar. Caracas solicitó, además, colaboración para evitar que los venezolanos que viajaran hacia Bogotá hicieran uso irregular de sus tarjetas de créditos para obtener divisas.
Sin embargo, este año la preocupación de Venezuela ha estado centrada en el incremento de operaciones destinadas a devaluar el bolívar en las casas de cambio del lado colombiano, con la anuencia de su propia legislación, una que Bogotá se ha negado a modificar.
La petición de Caracas, en la última reunión efectuada por la jefas de la diplomacia de ambos países, fue revisar la Ley Anticontrabando que, contrario a su nombre, promueve ese delito y no contempla la repatriación de mercancías.
Se estima que alrededor de 100.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo se van diariamente de Venezuela hacia Colombia, lo que genera pérdidas al país por el orden de los 3,5 millones de dólares. A esa fuga se suman otros 6,5 millones de dólares en alimentos, para un total de 10.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 62% de las reservas internacionales del país.
Decisión soberana Construcción de una frontera sana siempre ha sido prioridad para Venezuela
El pasado 19 de agosto tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron gravemente heridos por un grupo de paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción. Frente a ese ataque a la soberanía y seguridad de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida posteriormente a Zulia y Apure, declarados en estado de excepción.
La medida pretende restablecer el orden en las poblaciones fronterizas mediante el diálogo bilateral y acciones concretas.
Tras la reunión en Ecuador, y el acuerdo bilateral alcanzado entre Venezuela y Colombia para construir una nueva frontera, se realizó posteriormente una primera reunión de trabajo en Caracas entre varios representantes ministerialeFoto: Natacha Guevara/Vicepresidencias del ambos países.
El objetivo es avanzar en los siete puntos acordados entre Caracas y Bogotá que contempla, además del retorno de los embajadores a cada país, el impulso progresivo de la normalización de la frontera, la promoción de una coexistencia armónica entre los modelos económicos, políticos y sociales de cada país, así como un llamado a la hermandad y la unidad.
El presidente Maduro ha estimado que el proceso de normalización tardará, al menos, seis meses: "Hay muchos temas (para tratar la frontera), el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) tendrá que revisar todos los días, tres veces por día, el desarrollo de los planes conjunto y coordinación". El reto está en ciernes.
La agenda, cinco años más tarde, es la misma. La costura de 2.119 kilómetros que une a ambos países, por su carácter dinámico y permeable, requiere el trabajo constante entre los gobiernos. En el caso de Venezuela, esa atención ha implicado -más allá del ámbito económico, comercial y de seguridad- la aplicación de programas de impacto social para las poblaciones que habitan en las zonas limítrofes. Pero el esfuerzo ha sido desequilibrado.
Recientemente, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reconoció que las poblaciones fronterizas del lado colombiano debían superar su dependencia de Venezuela, mientras el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que "ha habido una ausencia del gobierno colombiano en InfraestructConstrucción de una frontera sana siempre ha sido prioridad para Venezuelaura", lo que aumenta la desconexión de las poblaciones limítrofes con el resto del país.
"Hay que tomar esas medidas que necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela", dijo la canciller colombiana desde Arauca.
El bajo costo en Venezuela de los productos de la cesta básica, que el Estado subsidia para garantizar el derecho a la alimentación de sus habitantes, así como el combustible más barato de la región, constituyen importantes inversiones que son aprovechadas por los habilitantes del lado colombiano. Sin embargo, la existencia de mafias del contrabando y el narcotráfico han pervertido ese beneficio y ha abierto una herida a la economía del país, denunciada durante años,y cuyo impacto se ha acentuado en medio del deprimido mercado petróleo.
El aumento de la violencia, así como el incremento de actividades ilícitas que sabotean la asediada economía venezolana del lado colombiano, obligaron al gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 19 de agosto, a restringir los pasos fronterizos hasta acordar un plan conjunto con Colombia que restablezca la normalidad en la zona limítrofe. Pese a las tensiones diplomáticas que generó la medida soberana, Caracas y Bogotá han retomado las conversaciones para encarar una problemática común que sólo puede ser afrontada de manera bilateral.
Agenda permanente
En 2010, tres días después de haber asumido su primer mandato, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para restablecer las relaciones tras la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la figura de Néstor Kirchner.
Maduro, quien ejercía entonces como canciller, fue testigo de primera línea de los acuerdos pactados en Santa Marta para el relanzamiento de las relaciones, enfocados en profundizar la seguridad fronteriza, suministrar combustible desde Venezuela hasta Colombia, fijar un convenio comercial que sustituyera al de la Comunidad Antina de Naciones (CAN) y construir un puente transfronterizo que comunicara a Táchira con el Norte de Santander.
En esa oportunidad, Caracas se comprometió a incrementar el envío de combustible a las plantas Fertipetrol y Terpel de Cúcuta, a un ritmo de más de 12 millones de litros mensuales para "disminuir el consumo de transportistas y usuarios colombianos en las estaciones de servicio del fronterizo estado Táchira", rezaba un comunicado oficial de Petróleos de Venezuela.
A ese suministro, se sumaba el expendido en las cinco estaciones del Servicio de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible (Safec), conocidas como bombas internacionales, situadas en los municipios Panamericano, García de Hevia y Ayacucho, del estado Táchira, instaladas para combatir el contrabando ilegal.
La medida, además, preveía la creación de nuevos esquemas de exportación de combustible hacia los departamentos colombianos de Guajira, Guainía, Vichada y Arauca. En paralelo, un ambicioso proyecto energético centró la atención de ambos gobiernos: el oleoducto que conectaría la Faja Petrolífera del Orinico con el norte colombiano.
Seguridad
Las mesas de trabajo para ampliar la cooperación en materia de seguridad fronteriza se hicieron frecuentes. En 2012, los países acordaron la aplicación de un sistema de información binacional para detectar cultivos ilícitos en la frontera y frenar el tráfico de estupefacientes.
A finales de ese mismo año y para complementar las acciones, en los estados Táchira y Zulia, Venezuela emprendió una estrategia especial de seguridad con el objetivo de atacar el contrabando de armas, combustible, alimentos, vehículos y narcóticos, así como un plan de desarrollo para los pueblos originarios asentados en las zonas limítrofes.
En 2013, en el estado de Apure, se instaló una aduana principal para permitir la realización de trámites de importación, exportación y nacionalización de bienes, además de una taquilla única de permisos y una agencia de la banca pública.
El objetivo, declaraba el entonces canciller venezolano Elías Jaua, era: "Que los pueblos en la frontera sientan que este esfuerzo de cooperación, de relanzamiento, de estabilización, de profundización de las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, son realidades que ellos puedan palpar en beneficio de su calidad de vida".
En Apure, Jaua y Holguín conformaron una comisión para abordar los incidentes fronterizos y combatir la minería legal, así como para profundizar, diseñar y ejecutar el plan contra las mafias del contrabando y atender el tema cambiario.
Comercio legal
En agosto de 2013 fue juramentado al Estado Mayor Fronterizo, en el estado Zulia, para garantizar el desarrollo económico y social de las zonas fronterizas y construir, en palabras del presidente Nicolás Maduro, "una región fronteriza de estabilidad, donde le pueblo tenga derecho a la paz y la prosperidad".
Maduro instruyó activar un equipo "para tomar decisiones definitivas, sobre la regularización del comercio por vías lícitas", una forma de erradicar el contrabando en la frontera colombo-venezolana, ante el impacto económico negativo de esas actividades.
Otra de las acciones emprendidas por el gobierno de Venezuela fue la creación de jurisdicciones penales fronterizas para combatir delitos como el sicariato, el narcotráfico, el contrabando y el secuestro, en las fronteras del país, con el acompañamiento del Ministerio Público en Zulia y Táchira.
En octubre de 2013, un grupo de manifestantes se apostó en las inmediaciones de la residencia del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en rechazo a las medidas aplicadas por el Estado Mayor Fronterizo para detener el contrabando de extracción de alimentos hacia Colombia.
Los manifestantes pedían que se les permitiera seguir con el contrabando de alimentos, que compraban a precios subsidiados en Venezuela y revendían en Colombia. A esa actividad le llaman "bachaqueo".
Esa situación, que se repetía en otras entidades fronterizas, se intensificó a tal punto en los años siguientes fue tema obligado en la mesa de trabajo que, en entre enero y febrero de 2014, reunió en Cúcuta y luego en Maracaibo a los cancilleres de Colombia y Venezuela.
Para entonces, ese delito desviaba a territorio neogranadino 30% de los alimentos y productos de primera necesidad destinados a la población venezolana. El Gobierno colombiano se comprometió a incautar los bienes que se habían extraído pero a la fecha no ha repatriado ninguna mercancía.
Finanzas
Los encuentros a inicios del año pasado dejaron en evidencia una realidad aún más compleja: los flujos de capitales que genera el contrabando. Por esa razón, Caracas pidió a Bogotá aumentar el intercambio de información financiera para combatir la legitimación de capitales.
Aunado a esa petición, Venezuela pidió que el envío de remesas en dólares a Colombia se hiciera en pesos, medida que pretendía paliar la espiral especulativa en contra del bolívar. Caracas solicitó, además, colaboración para evitar que los venezolanos que viajaran hacia Bogotá hicieran uso irregular de sus tarjetas de créditos para obtener divisas.
Sin embargo, este año la preocupación de Venezuela ha estado centrada en el incremento de operaciones destinadas a devaluar el bolívar en las casas de cambio del lado colombiano, con la anuencia de su propia legislación, una que Bogotá se ha negado a modificar.
La petición de Caracas, en la última reunión efectuada por la jefas de la diplomacia de ambos países, fue revisar la Ley Anticontrabando que, contrario a su nombre, promueve ese delito y no contempla la repatriación de mercancías.
Se estima que alrededor de 100.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo se van diariamente de Venezuela hacia Colombia, lo que genera pérdidas al país por el orden de los 3,5 millones de dólares. A esa fuga se suman otros 6,5 millones de dólares en alimentos, para un total de 10.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 62% de las reservas internacionales del país.
Decisión soberana Construcción de una frontera sana siempre ha sido prioridad para Venezuela
El pasado 19 de agosto tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron gravemente heridos por un grupo de paramilitares mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción. Frente a ese ataque a la soberanía y seguridad de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida posteriormente a Zulia y Apure, declarados en estado de excepción.
La medida pretende restablecer el orden en las poblaciones fronterizas mediante el diálogo bilateral y acciones concretas.
Tras la reunión en Ecuador, y el acuerdo bilateral alcanzado entre Venezuela y Colombia para construir una nueva frontera, se realizó posteriormente una primera reunión de trabajo en Caracas entre varios representantes ministerialeFoto: Natacha Guevara/Vicepresidencias del ambos países.
El objetivo es avanzar en los siete puntos acordados entre Caracas y Bogotá que contempla, además del retorno de los embajadores a cada país, el impulso progresivo de la normalización de la frontera, la promoción de una coexistencia armónica entre los modelos económicos, políticos y sociales de cada país, así como un llamado a la hermandad y la unidad.
El presidente Maduro ha estimado que el proceso de normalización tardará, al menos, seis meses: "Hay muchos temas (para tratar la frontera), el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) tendrá que revisar todos los días, tres veces por día, el desarrollo de los planes conjunto y coordinación". El reto está en ciernes.
AVN / MISIONEROS DE LA COMUNICACIÓN
misionerosdelacomunicacion@gmail.com
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